Otra mirada a la desfinanciación de la educación superior pública en Colombia

Estudiante del pregrado en bibliotecología de la Universidad de Antioquia

Integrante de la Comisión de difusión de problemáticas de la universidad pública[1]

Un año más que pasa representa millones de pesos más engrosando la deuda de las universidades públicas, pero las soluciones del gobierno no resultan, ninguna resuelve estructuralmente el problema. Prueba de ello es el aumento de los recursos destinados a educación en un 5,8% que recientemente se aprobó al Presupuesto General de la Nación, esto es, alrededor de 2 billones de pesos más que el año anterior, lo que no alcanza a cubrir ni un 20% del déficit total que acumulan las 32 universidades públicas del país, avaluado en 16 billones de pesos aproximadamente.

Los gastos de las universidades públicas en cuanto a cobertura, creación de nuevos programas de pregrado y posgrado, infraestructura y mayor cualificación de los docentes no paran de crecer, mientras que el presupuesto destinado a la educación superior establecido por la ley 30 de 1992 es idéntico -en cuanto a capacidad adquisitiva- desde aquel entonces al actual, condenado a crecer anualmente al mismo ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las perspectivas del problema no son muy alentadoras teniendo en cuenta que los recursos otorgados a uno le son quitados por otros. Políticas públicas como la ya famosa “Ser Pilo Paga” contribuyen a reforzar el desfinanciamiento. Se estima en más de 800 millones el presupuesto que se invertiría a este programa para el 2018. Presupuesto que en su gran mayoría han de acabar en arcas de instituciones de educación superior privadas, pero que podrían ser invertidos directamente en el fortalecimiento de la educación superior pública, especialmente en materia de acceso y permanencia para los estudiantes provenientes de los sectores más populares del país.

Este caso del programa Ser Pilo Paga, la apuesta del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-, los créditos y becas, la reducción del presupuesto destinado a inversión social y la modalidad del subsidio a la demanda que se ha manifestado en salud, pensiones, servicios públicos y educación, expresa a la perfección el sistemático desmonte de lo público en relación directa con el fortalecimiento de lo privado en el país. Y si a esto le sumamos el aumento del 8% del presupuesto del próximo año para las fuerzas militares, algunos indicios tendremos para identificar el proyecto de país que promueve el Estado, fortaleciendo su brazo armado encargado de custodiar y defender sus políticas, a la par que se fortalece el sector privado -camuflándose bajo todo tipo de ropajes-, y se acentúa la inequidad en el país.

Pese a lo anterior y, que no es una nueva crisis salida de la nada, estudiantes de la Universidad de Antioquia (UdeA) se sorprenden ante la magnitud del problema y se cuestionan por no haberlo visto venir. Y no es casualidad, puesto que la UdeA se ha mantenido en una especie de burbuja, ajena al pleno rigor de esta crisis que en cambio sí lo han padecido universidades como la del Atlántico, del Chocó o la de Cartagena, con abruptas alzas de matrículas y severos problemas de infraestructura y de profesorado. Algunos apenas hoy estamos atando los cabos sueltos y comprendiendo que la abundancia de profesores-taxi (problemática especialmente aguda en las regiones), el hacinamiento en algunas facultades, los recortes a bienestar universitario, el desmejoramiento en la calidad de los pregrados y apuesta más fuerte por los posgrados, la falta de presupuesto para salidas de campo y de implementos especializados para laboratorios, todo esto es en últimas expresión del paulatino desfinanciamiento de las universidades públicas del país.

No obstante, considero se debe criticar con firmeza a quienes reducen los problemas de la universidad al asunto de la desfinanciación y que lo abordan de manera desarticulada. Es justo luchar por una educación garantizada plenamente por el Estado, pero no se puede dejar de preguntar a la vez ¿Qué tipo de educación? ¿Cuál será el carácter de esa educación pública? ¿Educación pública al servicio de quién? ¿recursos invertidos en proyectos para el desarrollo de qué y de quiénes? Desligar la cuestión de la desfinanciación del problema del carácter de la educación pública, es perder de vista el conjunto, el verdadero centro del problema. Cuando los estudiantes salgamos a las calles en defensa de la educación superior pública, tendremos que pensar de paso ¿qué tipo de educación? Es preciso cuestionar la educación que estamos recibiendo, tantas veces academicista, apolítica, desligada de la práctica social y de los verdaderos problemas del país y de su pueblo. Es justo soñar, con la condición de luchar por nuestros sueños y hacerlos realidad, una educación nacional, que responda a las problemáticas del país y de las comunidades, que impulse su verdadero desarrollo y a la cual realmente puedan acceder las grandes masas, hijos de obreros y campesinos.

La cuestión no se reduce al mero hecho de luchar por más presupuesto para la educación, sino principalmente de velar porque estos recursos verdaderamente retornen al pueblo colombiano, cuyo esfuerzo de cada día es el que mantiene en pie estos espacios. ¿Verdaderamente sirve la universidad pública al desarrollo y bienestar nacional, enfatizando en las clases más populares y luchando contra la profunda y estructural desigualdad que padece el país? Casos como el polémico contrato de la Universidad Nacional de Colombia -la cual resulta la universidad que más recursos públicos recibe a nivel nacional- con la multinacional Anglo Gold Ashanti o la participación de esta misma en el proyecto del cinturón verde, nos llevan a cuestionar al servicio de quién se encuentra la educación superior en el país: ¿desarrollo, empleo, bienestar y enriquecimiento en favor de quiénes?

Ya están próximos a ajustarse los 50 años del manifiesto “Qué queremos los estudiantes”, documento presentado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, en el año 1969 y que planteó interrogantes aún hoy tan vigentes como ¿realmente la educación pública está sirviendo a resolver las problemáticas del país? y ¿a favor de quién están diseñadas las políticas y los currículos en cada uno de los pregrados? Vale la pena cerrar con un fragmento de este texto que nos invita a cada uno de nosotros a preguntarnos ¿qué universidad y qué educación queremos los estudiantes?:

“Tampoco aceptamos como destino profesional la mercantilización de nuestras vidas como alternativa de la desocupación. Nuestra formación ha pasado sobre el trabajo del pueblo argentino y sentimos el deber de permanecer a su servicio. Queremos conciencia nacional impartida desde la cátedra; queremos problemas argentinos y latinoamericanos en las investigaciones y los laboratorios.

(...) no queremos cátedra de ninguna clase donde se nos estereotipe en una deformación profesional, que nos haga inhábiles para comprender que más allá de nuestra disciplina específica, se desenvuelve el drama de una humanidad en tránsito.

En fin, no queremos ninguna clase de “cátedra” sino una universidad convertida en gigantescos laboratorios donde los claustros estudien y debatan en libertad y democráticamente los grandes problemas de Argentina y Latinoamérica y donde la formación de los estudiantes pase por la investigación científica de esos problemas.

Queremos terminar la universidad academicista de las clases magistrales, de los repetidores incansables de textos muertos, del fetiche de la elaboración científica de la metrópolis, en función de necesidades culturales y técnicas divorciadas de nuestra realidad de atraso y dependencia. Queremos una universidad científica. Pero creemos que la integración de la universidad argentina al pensamiento científico universal no será lograda por la adopción mecánica de conocimientos acabados en una realidad distinta, sino por la investigación y solución de los problemas de nuestra propia realidad”.

[1] Comisión creada por decisión de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia en agosto del presente año, encargada de apoyar la difusión de las distintas problemáticas de las universidades públicas en el país

#educaciónpública #educaciónsuperior #desfinanciación #Colombia