Movilizaciones sociales en Colombia. Participación de la sociedad civil y construcción de paz.

Por: Alejandro Aristizábal Silva

Las diferentes movilizaciones que se han presentando en el país, especialmente con el movimiento campesino y su escenario de unidad la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, sumado a la actual discusión sobre la relevancia de los proyectos minero-energéticos en los territorios a través de mecanismos institucionales como las consultas mineras o los acuerdos de los concejos municipales; pone en el centro de la reflexión un elemento clave en medio de los procesos de paz que vive el país ¿Pueden las diversas exigencias y demandas de la sociedad civil, constituir agenda social vinculante para la participación en el proceso de paz que se lleva a cabo actualmente en Quito con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

La respuesta aparentemente seria obvia, sino fuese por los acontecimientos que efectivamente han tratado de invalidar un principio sine qua non de la democracia como lo es la participación, no obstante, desde las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-. el gobierno ha sido muy claro en desconocer que uno de los puntos centrales del proceso de paz que quiera tramitar los conflictos sociales sea por ejemplo el modelo económico.

Dicho lo anterior, es innegable que no reconocer la participación favorecería los intereses de las clases dominantes, esto debido al desmonte del modelo de Sustitución de Importaciones, que ha ido paulatinamente reprimarizando la economía hacia la profundización del modelo neoextractivista, trayendo consigo una aparente bonanza económica con graves consecuencias sociales reflejadas en las luchas sociales desarrolladas en el último tiempo por campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres, estudiantes, ambientalistas entre otros. Cabe recordar que es en la época del gobierno Uribe donde más se profundizó dicho modelo a través de la violación sistemática de derechos humanos y el desarrollo en los territorios de la lucha contrainsurgente, que en un concepto relacionado a la economía política llamaríamos acumulación por desposesión[1].

En ese sentido, según cifras sobre conflicto, durante los dos periodos del gobierno de Uribe Vélez solo para el caso de la minería se presentaron más de 7.869 solicitudes a títulos mineros, mientras que se reportaron 4.358 infracciones al derecho internacional humanitario[2]. Solo sería cruzar la información de dichos títulos mineros con las grandes operaciones militares que se desarrollaron en el proceso de consolidación de la seguridad democrática y encontrar una gran coincidencia.

Lo que refleja un legado bastante problemático que quiso continuar el gobierno Santos con la llamada locomotora minera, estancada con la movilización campesina y las consultas mineras reguladas por el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 y defendida por la sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional –que el gobierno ha dicho públicamente quiere reformar por los grandes riesgos que representa para la economía-. Es importante resaltar que de las 44 consultas populares que están pendientes, 10 de ellas han votado en contra del desarrollo de proyectos minero-energéticos[3], Jesús María (Santander), Tauramena (Casanare), Cumaral (Meta), Paujil (Caquetá), Marmato (Caldas), Pijao (Quindío), Arbeláez, Cabrera (Cundinamarca), Piedras, Cajamarca (Tolima).

La importancia de cuestionar el modelo económico que podríamos nombrar como neoextractivista es importante por los graves riesgos que contiene, debido a su carácter parasitario y las consecuencias que conlleva la renta, en el sentido de que los sectores afines a esta actividad no dejan espacios para una inversión grande en términos de trabajo, lo que desincentiva la misma productividad de los otros sectores económicos y generando más incentivos en invertir a negocios no necesariamente productivos, pero que entrañan una enorme rentabilidad que resulta en un alto atraso tecnológico, dependencia, desempleo.

Solo es observar que para el total de la producción de la economía colombiana en el año 2014, el sector hogares representaba el 30.5 de la producción total del país[4], que da cuenta de la alta informalidad y la dependencia económica a actividades del orden extractivista, financiero, entre otros. En consecuencia, no se cuestiona como tal la actividad, sereafirma su entrañable relación con el conflicto y la movilización social y la incapacidad de la economía colombiana de desarrollar procesos productivos que no dependan de la extranjerización de la escaza capacidad que se tiene.

El modelo económico está en el centro del asunto, porque inevitablemente ha sido influyente en el conflicto social. Si bien en muchas expresiones de acción colectiva no se presenta como antagónico, hace parte de las necesidades y las urgencias más sentidas de las mayorías en el país y que producto de su histórica negación, hoy se llega a dos procesos de paz en los cuales se pide la participación vinculante y la apertura a estos grandes debates.

De ahí, la gran inquietud que surge sobre el cambio repentino de Frank Pearl jefe de la delegación de paz con el ELN, quien firmará en marzo de 2016 el acuerdo general de agenda que contenía la participación de la sociedad civil. Posteriormente, fue reemplazado en la delegación por Juan Camilo Restrepo de tinte mucho más conservador y es el que participa en la ceremonia inaugural de la mesa pública de conversaciones donde señala que la participación de la sociedad civil en el acuerdo no era vinculante.

Referencias

[1] Harvey, David. (2004). Nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register. Pp. 99-129.

[2] Los datos se extraen de: Revista Semana. (4 de agosto de 2017). La “amnesia” de Uribe frente a la minería en Colombia. Recuperado de: http://sostenibilidad.semana.com/consumo-responsable/articulo/alvaro-uribe-y-la-mineria-en-colombia-el-cinismo-del-senador/38363 y Banco de Datos. (2010). Los derechos humanos en la era Uribe, Cien Días vistos por CINEP/PPP, n. 69, Bogotá, CINEP/PPP.

[3] El Tiempo. (8 de junio de 2017). Los municipios que evalúan el futuro de la minería en sus territorios. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/exploracion-minera-y-consulta-popular-en-44-municipios-de-colombia-96876

[4] Departamento Nacional de Estadística. (2014). Cuentas económicas integradas, Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg.../CEI_Base2005.xls

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