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Idas y venidas de las víctimas con la administración Gutiérrez

Al actual alcalde de Medellín no le interesan las víctimas, ni su reparación ni su memoria. Su administración en cuanto a atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio es tan floja que contrasta irónicamente con el ímpetu para acabar con las bandas criminales cuando posa para la escena pública. Su política “Medellín cuenta con vos para construir paz en el territorio”, en el papel y en la práctica, se ha caracterizado por ser una respuesta obligada a las exigencias del nivel nacional tras la expedición de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la ley de víctimas y restitución de tierras. Es una política que no cuenta con las víctimas, ni para su construcción ni para su implementación.


Para iniciar, es una política diseñada desde el escritorio. Su diseño en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) no incluye una categorización de las víctimas, ya sea por hechos victimizantes o por otras variables como estrato socio-económico, género, etnia, edad, lugar de residencia, etc. Sin esta distinción las acciones encaminadas a la reparación se vuelven superficiales porque son acciones estandarizadas, disminuyendo así el impacto en esta población. Sobre todo, es preocupante que la política de construcción de paz y atención a víctimas esté sujeta dentro del PMD a la dimensión estratégica de seguridad de la actual alcaldía, debido a que su enfoque en la práctica se ha basado en el control punitivo de la criminalidad y no en una mirada integral que reduzca la inseguridad brindando oportunidades a los sectores vulnerables del municipio, entre ellos las víctimas.

Fuente: Corporación Jurídica Libertad


El cambio de enfoque[1] de la actual administración en asuntos de paz se refleja en la reestructuración de la institucionalidad para la atención a víctimas y construcción de memoria específicamente. La adscripción de los programas de construcción de paz a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, y no a la Secretaría de Gobierno cuyos programas son transversales a todo el PMD; la reducción de la Unidad de Atención a Víctimas al Equipo de Atención y Reparación a Víctimas; el cambio en las direcciones de este equipo como del Museo Casa de la Memoria; y la reducción de presupuesto para la atención a víctimas al inicio de la administración en 2016 son decisiones administrativas que han debilitado la reparación integral de las víctimas y denotan una descoordinación con lo que se venía implementando por parte de las administraciones pasadas.


Para las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, la gestión de la alcaldía se percibe como acciones sueltas de ciertos funcionarios, y no como una acción integral de la administración para tratar el tema de reparación. Es más, lo que se hace en cuanto a atención se sigue efectuando desde una perspectiva asistencialista basada en la entrega de subsidios y ayuda humanitaria y de emergencia. Actualmente se cuenta solamente con cuatro puntos de atención, en los que no solo se atienden las víctimas del municipio, sino también las víctimas de todo el departamento. La atención en dichos puntos se vuelve algo indigno para las víctimas quienes tienen que enfrentarse a largas filas y a dinámicas de cobro ilegal por parte de intermediarios para facilitar los trámites ante los centros de atención. Estas instalaciones se encuentran comúnmente colapsadas, brindando poca cobertura. [2]


Otro aspecto por tratar es la forma cómo la alcaldía desarrolla las actividades de reparación material, simbólica, individual y colectiva de las víctimas. La percepción de las organizaciones denota una relación vertical que establece la alcaldía frente a las organizaciones de víctimas en cuanto a la construcción de alternativas y actividades como en los mecanismos de difusión e información de estas. Por ejemplo, la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas a nivel municipal—que se constituye como un espacio para la participación, interacción e incidencia de las víctimas en el debate sobre la política pública de reparación integral—no tiene una relación de comunicación directa y permanente sobre los programas y proyectos que se implementan por la administración actual. Para Luz Elena Galeano, miembro de esta mesa, se necesita que la alcaldía genere un proceso más participativo donde las organizaciones e instancias de las víctimas y de la sociedad civil tengan conocimiento sobre lo que se está haciendo desde la institucionalidad.


De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación (IPC), en 2016—primer año de la administración de Federico Gutiérrez—se redujo el presupuesto para el programa de atención a víctimas a 9.432 millones en comparación con el presupuesto de 15. 408 millones invertido en 2015 por la administración anterior. Además, según el Plan Operativo Anual de Inversiones de 2018, durante este año se presupuestó para la política “Medellín cuenta con vos para construir paz en el territorio” un total de 39.733 millones de pesos de los cuales 14.073 iban dirigidos a la atención a víctimas, mientras que para la política de seguridad “Medellín segura” se destinaron 215.809 millones de pesos, cinco veces más que la anterior. Estas cifras nos muestran que, si bien ha ido aumentando el presupuesto durante su administración, su inversión ha sido insignificante frente a los esfuerzos precedentes y desproporcionada frente a otros programas predilectos dentro de su agenda.


Pero ¿Por qué no hay una atención integral y significativa? Se piensa que la mayor dificultad a la hora de territorializar los acuerdos de paz, específicamente la reparación a las víctimas del conflicto, es la poca gobernabilidad de las administraciones locales, la ausencia de una institucionalidad sólida o la falta de recursos. Pero este no es el caso de la administración de la ciudad de Medellín. Aun con el alto desarrollo jurídico a nivel nacional y con la capacidad institucional y de recursos a nivel municipal, la reparación efectiva a las víctimas se ve truncada por problemas de factibilidad política; es decir, por depender de la voluntad de quien está a la cabeza de la administración de turno.


Y así como el alcalde actual no cuenta con la voluntad necesaria, las víctimas del conflicto no cuentan con él. Son estas mismas víctimas, en sus distintas expresiones, quienes se han organizado con el fin de reivindicar, no solo la garantía de sus derechos como víctimas, sino también su lugar como ciudadanos activos frente a la toma de decisiones públicas. Para el caso de Medellín, la acción de estas organizaciones se ha desarrollado de forma autónoma al accionar institucional, a través de la construcción de casas comunales y de asociaciones, por medio del arte y de la movilización, apropiándose de espacios propios y de los pocos que abre la alcaldía. Son sus organizaciones quienes mediante procesos de autogestión comunitaria presionan al gobierno local para incluir la agenda de construcción de paz en el municipio; abren espacios de articulación con otros actores de la sociedad civil; montan sus propios procesos de construcción de memoria; y crean redes de solidaridad para brindar apoyo material y psicosocial entre ellas.

Fuente: Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia


Cabe recordar que la ley 1448 de 2011 anda a contrarreloj, y con ella todo el armazón institucional para reparar a las víctimas y restituir tierras que expira en dos años. A pesar de esto, ni siquiera la segunda ciudad más importante del país ha logrado hasta hoy 2019 articular su capacidad administrativa ante la necesidad de reparación de las víctimas que genera y que recibe la ciudad. Los dispositivos creados hasta ahora—los centros de atención, las ayudas y los procesos de memoria y reparación simbólica—parecen más un vago cumplimiento al armazón jurídico del orden nacional.


Por último, quiero enfatizar en el hermetismo con el que la alcaldía maneja los asuntos de la política de paz y atención a víctimas que fue el tema de mi búsqueda y frente al cual me encontré con escasa información por parte de la institucionalidad, específicamente de la alcaldía. Mis fuentes corresponden a entrevistas a organizaciones de víctimas y de la sociedad civil y a documentos de instituciones auxiliares como la Personería de Medellín, que, si bien son esenciales para ampliar el panorama de esta política en el municipio, no pude contrastar con la posición de la alcaldía frente al tema.


 
 
 

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