El Samaná Norte ¿nuevo foco de desarrollo o continuidad del modelo de acumulación por desposesión?

Por: Alejandro Aristizábal

El Oriente antioqueño puede considerarse como la segunda subregión en importancia para el departamento de Antioquia por sus diversas riquezas naturales, entre las que se encuentra su potencial hidrobiológico. Con una fuerte organización campesina, ocupa una posición estratégica dentro de los procesos de desarrollo regional; la subregión ha sido una importante fuente de alimentos para los procesos de urbanización en la ciudad capital, Medellín. No obstante, con la ampliación de los circuitos de acumulación y flexibilización de la economía desde la década de los setenta, el Oriente ha venido sufriendo una importante transformación en relación a los desequilibrios y contradicciones del proceso de modernización del campo y de la construcción de infraestructura eléctrica, que se constituye en una apuesta estratégica para la región y el país, y que claramente se enfrenta con las visiones de las comunidades sobre el uso del suelo, principalmente por el tipo de actividad que realizan.

Dicho esto, cabe mencionar que producto de esta situación, han surgido ejercicios de resistencia y movilización, arraigados a la defensa de los territorios, los recursos y la economía campesina. Es el caso del movimiento cívico del Oriente antioqueño que ha sido en su momento objeto de la persecución y el asesinato durante las últimas décadas, por lo que se ha convertido en un elemento fundamental para entender las razones que desencadenaron el conflicto y las múltiples expresiones de violencia armada.

Fuente: Crónica “Un pueblo en lucha, el Oriente Antioqueño” Y Periódico El Colombiano.

Reconociendo esos antecedentes de conflicto y violencia que se vivieron hasta el año 2006 por cuenta de lo expuesto anteriormente, y luego de un proceso de consolidación, retorno, reactivación económica, especialmente en municipios como el de San Carlos, Antioquia, se presenta nuevamente la licitación de nuevos proyectos como Palagua y Porvenir II[1], este último especialmente, ha generado ciertas controversias que impactan no solo a las municipalidades de San Carlos y San Luis en el Oriente antioqueño, sino también a Puerto Nare, Caracolí en el Magdalena Medio y el Nordeste respectivamente.

Algunas de estas discusiones se sintetizan en:

1. La pertinencia: se problematiza la utilidad y la necesidad de las hidroeléctricas, teniendo en cuenta que en la subregión ya existe todo un complejo hidroeléctrico compuesto por Guatapé (560 MW), San Carlos (1.240 MW), Jaguas (170 MW), Playas (200 MW) y Calderas (19.9 MW), que proporciona cerca del 50% de producción energética del país y que tiene una proyección de vida útil de más 30 años. Asimismo, sin contar las PCH (pequeñas centrales hidroeléctricas) ubicadas en los diferentes afluentes hídricos de la subregión y proyectos en ejecución cómo Hidroituango a nivel nacional, se tendría como conclusión que la oferta energética del país cubre la demanda para los próximos años, lo que generaría otro debate que tendría como centro de atención, la subutilización y sobreexplotación del recurso hídrico en función de la maximización de beneficios, más que en propuestas que se traduzcan en la satisfacción de las necesidades y el progreso social.

2. Los impactos socioambientales: en relación a la utilización y explotación del recurso hidrobiológico, se arguye que el rio Samaná Norte, tiene la condición de ser el último rio sin intervención en el Oriente Antioqueño, lo cual lo hace, un rio de especial atención en relación a los impactos acumulativos que puede generar sobre su desembocadura y funcionalidad en el Magdalena. Es importante resaltar, que esta discusión es tal vez la más importante, ya que para el año 2014 los ingenieros de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), consideraban en su concepto técnico, que no era conveniente la realización del proyecto hidroeléctrico, principalmente por la elevada dependencia de cerca del 50% de la población económicamente activa en el área de influencia directa, en donde se desarrollan actividades como el barequeo y la pesca; también mencionan la re victimización y vulneración de derechos que podrían tener las personas en proceso de retorno, no solo por causa del conflicto armado, sino también de antecedentes de población desplazada por proyectos aledaños como en su momento fue San Carlos, y que hoy se asientan en la zona. Por último, debe resaltarse que dichos ingenieros son removidos del cargo y posteriormente es aprobado el licenciamiento ambiental por un nuevo concepto técnico, dejando grandes dudas relacionadas a la fiabilidad de los nuevos estudios con los cuales se aprobó la licencia, y la incomodidad que se pudo presentar en ciertos sectores, interesados en la aprobación del proyecto[2].

3. La cooptación institucional y el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): parte de las estrategias con las cuales se logra la aprobación y el licenciamiento de estos proyectos, proviene de la institucionalidad que gestiona y agencia los procesos de acumulación de capital, a través de figuras administrativas como las CAR, que cumplen la función de controlar las recursos naturales de su área de influencia. Debe resaltarse que el proyecto Porvenir II cubre las subregiones del Oriente, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, generando en el papel, contradicciones entre las funciones que deben cumplir Corantioquia y Cornare sobre el manejo ambiental y ecológico de las cuencas, de ahí que, sea directamente la ANLA quién se encargue de este proceso; lo problemático, es precisamente los modos de representación y la articulación de los aparatos estatales con empresas privadas entre diferentes ramas y dominios funcionales del Estado, que terminan generando una lógica corporativista, que se expresa además, en la descentralización de la política social del Estado, quién a su vez delega a terceros funciones sociales, que empresas como el Grupo Argos e Isagen están dispuestos a suplir a través de intervenciones[3], que aseguren no solo la inversión, sino también la capacidad para legitimar decisiones tomadas más allá de los límites formales de las instituciones, esto, a través de consensos que buscan involucrar la participación comunitaria de manera subsidiaria y desconectando el verdadero centro de las decisiones políticas.

4. Contexto regional y de ciudad: por último, se discuten las implicaciones del modelo de ciudad región, como parte de las razones que obligan al usufructo del recurso hidrobiológico, más concretamente, todo lo que tiene que ver con el crecimiento disperso y acelerado que está teniendo el valle de San Nicolás y que impone una serie de demandas energéticas que terminan supliendo los territorios de la subregión, exteriores a la lógica urbanística y de ampliación del mercado, que precisamente busca suplir necesidades de ocio, agua, electricidad, entre otros. Dicho modelo pone en discusión, la sostenibilidad y el papel que cumplen los diversos municipios que integran la dinámica subregional, asimismo, problematiza la forma en que se está organizando el territorio.

Fuente: Hagamos Eco

Ante las situaciones mencionadas, y con relación, recientemente, a la crisis de Hidroituango, se sugiere que existe una ambigüedad con respecto a la función social que realmente dice sustentar la realización de estos proyectos, esto a la luz de las movilizaciones sociales realizadas actualmente por diversas expresiones, entre ellas, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, la Asociación de Mineros y Pescadores de Puerto Garza, entre otros, quienes han demandado y exigido, la democratización sobre lo que se decide en el territorio, paralelamente y aunque no se resalte, la movilización sugiere un gran desconocimiento con el que se ha venido entendiendo el territorio por parte de profesionales, empresarios, políticos, que no interpretan las condiciones y capacidades que subyacen a estos lugares, y que asumen que el desarrollo solo es posible a través de lógicas de acumulación por desposesión, esto es, la eliminación, privatización, mercantilización, cercamiento de bienes comunes, incluso en contra de la voluntad ciudadana y popular.

Notas:

[1] Al respecto véase: Kavilando. “Pedimos claridades a Cornare ante el Proyecto hidroeléctrico Palagua, San Carlos (Antioquia)” Tomado de: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/5920-pedimos-claridades-a-cornare-ante-el-proyecto-hidroelectrico-palagua-san-carlos-antioquia

[2] Sobre el caso de los ingenieros y el concepto técnico: Bluradio. “Que tanto porvenir tenemos con los proyectos hidroeléctricos” Tomado de: https://www.bluradio.com/119592/que-tanto-porvenir-tenemos-con-los-proyectos-hidroelectricos

[3] Orientese. “Celsia continua mejorando escuelas en zonas de influencia de provenir II” Tomado de: http://orientese.co/celsia-continua-mejorando-escuelas-en-zona-de-influencia-de-porvenir-ii/